¿Te atreves a subir al AVE?
Cuando la confianza también descarrila
Hay algo que funciona puntualmente en España: los tres días de luto oficial. Cuando ocurre una tragedia, no falla el protocolo. Banderas a media asta, declaraciones solemnes, fotografías institucionales y promesas de investigar hasta las últimas consecuencias. Lo que falla, por desgracia, es lo que debería hacerse antes de que haya muertos.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, el 2 de junio de 2018, España ha vivido una pandemia, accidentes ferroviarios, inundaciones devastadoras, incendios y un apagón que paralizó el país. Catástrofes de distinta naturaleza que no pueden atribuirse alegremente a un mismo responsable. Pero tampoco pueden servir de excusa para eludir una pregunta elemental: ¿qué hizo para prevenir los riesgos conocidos y reducir las consecuencias?
Porque gobernar no consiste únicamente en comparecer cuando todo ha sucedido. Sacarse la foto o salir corriendo. También consiste en evitar, hasta donde sea humanamente posible, que suceda. Y para eso hay que trabajar y saber.
Y eso es lo que me interesa.
Revisando los datos, los proyectos pendientes, los informes técnicos y las investigaciones abiertas, he encontrado suficientes cuestiones como para dedicarle algo más que unas pocas palabras.
Son tantas las tragedias vividas en estos años, tantas las preguntas pendientes y tantas las explicaciones que todavía se nos deben, que he decidido dedicarles una serie de artículos. Empezaré por el ferrocarril. Por los muertos, por los que pudieron serlo y por quienes tienen la obligación de garantizar que viajar en tren no se convierta en una cuestión de suerte.
El ferrocarril y la seguridad que se supone garantizada
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| Trabajos de rescate (Ismael Herrero, EFE) |
Sesenta y nueve muertos. De momento.
En enero, otras 46 personas fallecieron en Adamuz, Córdoba. ¿Fallo en los sistemas de seguridad? ¿Rotura de las vías? Diez meses después aún no se sabe. Dos días después, un joven maquinista moría en Gelida, Barcelona, al chocar su tren contra un muro que había caído sobre las vías.
Tres accidentes ferroviarios, 117 fallecidos y un mismo año. ¿Cuántas tragedias de esta magnitud necesita el ferrocarril español para que los responsables de ejecutar los presupuestos y de vigilar el correcto uso de los mismos, dejen de hablar de incidentes aislados?
Lo que no conocemos es por qué dos trenes de alta velocidad acabaron circulando por la misma vía cuando uno de ellos estaba detenido. Ni por qué los mecanismos destinados a impedir una colisión de estas características no consiguieron evitarla. Y resulta que hubo más trenes afectados por la avería. Otro maquinista de Iryo corrigió una instrucción de circular a marcha normal y reclamó hacerlo a marcha a la vista. ¿Qué habría pasado si tampoco hubiese cuestionado aquella orden?
Dos trenes que pudieron ser cuatro. Hoy podríamos estar hablando de centenares de muertos, de los cuatro trenes y de las personas de emergencias y vecinos de Urda que se encontraban ayudando y socorriendo a las víctimas. ¡Habría sido devastador!
«Inasumible», dijo el presidente del Gobierno. Naturalmente que lo es. Lo verdaderamente sorprendente sería que considerase asumible semejante tragedia. Pero los ciudadanos no necesitamos que el presidente nos confirme la gravedad de una catástrofe. Para eso ya están las imágenes de los trenes destrozados, las familias esperando noticias y los muertos.
Lo que necesitamos saber es qué se hizo antes para evitarla, qué advertencias se atendieron y cuáles quedaron olvidadas en algún despacho. Porque una cosa es lamentar las consecuencias y otra responder por las decisiones que pudieron contribuir a ellas.
Las fotografías, las ocurrencias y los que sí estuvieron donde hacía falta
En Adamuz, toda la comitiva tuvo su fotografía con los trenes destrozados al fondo. Hasta los Reyes aparecían en aquella imagen que difundió la Casa Real y que tras las críticas recibidas decidió esconder.
Hay fotografías que pasan a la historia por lo que muestran. Otras, por lo que revelan sobre quienes deciden publicarlas. Una tragedia no necesita un álbum institucional. Necesita respuestas.
En Urda parece que han tenido algo más de vergüenza con las imágenes. Al menos, no he visto una fotografía institucional semejante convertida en el recuerdo principal de la visita. Que nadie confunda el respeto a las víctimas con una oportunidad para ampliar el álbum oficial.
Y para fotografías y
actuaciones estelares, las de Óscar Puente. El 20 de octubre, ocho días antes de la tragedia de Urda, apareció
en un vídeo promocional de La Sexta bromeando sobre las averías de Renfe.
Simulaban una avería de ascensor y al ministro no se le ocurrió nada mejor que
decir: «Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya». Después, a bailar. Él
mismo había compartido la grabación con un «Si sobrevivo a esto…». Muy
gracioso. Sobre todo, para las familias de los 46 fallecidos en Adamuz, que protestaron por aquella ocurrencia.
Una broma no provoca un accidente. Pero la frivolidad resulta difícil de digerir cuando procede del máximo responsable político de un servicio público sometido a tantas incidencias y dudas sobre su seguridad.
No se le pide al ministro que repare personalmente una vía, inspeccione cada soldadura o se siente frente a los controles de Adif. Se le exige que responda políticamente por el funcionamiento del sistema que dirige. Para eso tiene un ministerio, un presupuesto y un cargo.
Y para eso cobra.
En cambio, los que
salieron a ayudar en Urda no necesitaron que nadie les organizara el escenario.
Los vecinos acudieron con sus coches, mantas, agua y todo lo que podían
ofrecer. Los equipos de emergencia trabajaron entre los hierros. Hubo pasajeros
que ayudaron a otros pasajeros. Y también hubo quien se acercó sin otra cosa
que ofrecer que su presencia y su fe.
Fernando Fernández de Bobadilla, párroco de Los
Yébenes, fue uno de los primeros en llegar. Vio tal cantidad de heridos y
personas en peligro de muerte que no podía atenderlos a todos individualmente.
Impartió la absolución colectiva, como permite la Iglesia en situaciones de
catástrofe. Y después se puso a ayudar a los sanitarios: sostener sueros,
sujetar a heridos, trasladarlos. Lo que hiciera falta.
José Miguel Fernández, párroco de Urda, también acudió a ayudar. Fue hablando con los heridos, uno por uno, mientras colaboraba en su traslado. Algunos le pedían un abrazo; otros necesitaban simplemente que alguien los escuchara. No hay mucho que añadir. Aquello sí fue estar al lado de las víctimas.
La valentía y la generosidad de esos vecinos, profesionales y sacerdotes merecen mucho más reconocimiento que tantas fotografías oficiales. No sé cuántos discursos se pronunciaron. Sé que hubo personas que hicieron lo que tenían que hacer, sin esperar órdenes, cámaras ni reconocimientos. Mientras unos tenían que explicar lo ocurrido, otros estaban allí, ayudando a quienes todavía podían salvarse.
Los accidentes no comenzaron en Adamuz
Los accidentes ferroviarios mortales ocurridos durante estos años no comenzaron en Adamuz.
En noviembre de 2018, un desprendimiento de tierras provocó el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Vacarisses, Barcelona. Murió una persona.
En febrero de 2019, dos trenes colisionaron frontalmente en Castellgalí. Falleció una joven maquinista.
En junio de 2020, dos personas murieron en La Hiniesta, Zamora, cuando un Alvia descarriló tras encontrarse con un vehículo que había caído sobre la vía.
En mayo de 2022, otro maquinista murió en Sant Boi, Barcelona, después de que un tren de mercancías chocara contra uno de pasajeros.
Y llegamos a 2026.
Adamuz, 46 muertos. Gelida, 2 muertos. Urda, 69 fallecidos según el último balance provisional.
En estos siete accidentes fallecieron 122 personas. No son todos los siniestros ferroviarios mortales del periodo. Pero permiten examinar el estado de distintas infraestructuras y sus sistemas de seguridad.
En Adamuz, la investigación de la Guardia Civil ha situado una posible causa en la rotura de la soldadura que unía dos segmentos de carril de distinta antigüedad. Los investigadores encontraron indicios de una fractura anterior al paso del tren siniestrado.
El periodista Luis del Pino dedicó su programa del 9 de abril de 2026 de Mañanas en Libertad a las informaciones sobre aquella anomalía, las señales registradas por los sistemas de supervisión y las posibles deficiencias de sus mecanismos de alerta. Esas preguntas no han perdido interés por el hecho de que, unos meses después, haya sucedido otra catástrofe.
En Urda, algunos periodistas especializados en información política, y no precisamente en investigación de accidentes ferroviarios, se han dado prisa en publicar grabaciones de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas después del fallo del sistema LZB. ¡Qué casualidad! No habían pasado ni 24 horas y ya parecía que teníamos culpable. Ya habían puesto la diana. Los trabajadores de Adif han criticado esa manera de señalar a un operario cuando todavía se investigan los fallos del sistema. ¿Por qué tanta prisa en apuntar hacia un trabajador antes de conocer toda la cadena de decisiones y errores? Da igual que uno de los maquinistas cuya voz escuchamos haya fallecido. Da igual. Nula humanidad.
Y hay más. Según informó
OKDIARIO, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ya había advertido sobre la necesidad de revisar los protocolos para autorizar la reanudación de la circulación cuando hay trenes
detenidos. El 30 de octubre se conocía también que la investigación técnica inicial de Urda hablaba de
una cadena de averías, instrucciones y acciones. Nada de eso permite cerrar el
caso con un único error humano y asunto concluido.
Las causas definitivas tendrán que establecerlas las investigaciones técnicas y judiciales. Pero eso no impide exigir responsabilidades políticas desde ahora. La investigación de un accidente no puede convertirse en una coartada para aplazar indefinidamente las explicaciones.
Tampoco puede terminar todo señalando al último trabajador que intervino en una cadena de decisiones, mientras quienes tenían la obligación de supervisar el sistema permanecen cómodamente instalados en sus despachos.
Si hubo advertencias ignoradas, inversiones insuficientes, procedimientos inadecuados o decisiones negligentes, habrá que identificar quién las conocía, quién debía actuar y por qué no lo hizo. Con nombres, cargos y fechas. No con otra comparecencia llena de lugares comunes.
Entretanto, me gustaría saber cuántas incidencias se habían registrado en esas líneas, cómo se inspeccionaban las soldaduras, qué procedimientos se aplicaban cuando fallaba la señalización y quién comprobaba que las deficiencias detectadas quedaban subsanadas, si es que las subsanaban.
Y hay otra cosa que me
preocupa: la inseguridad que sentimos los viajeros. Trenes que tiemblan en
exceso, compartimentos que se abren, papeleras que se caen, pasajeros grabando
vibraciones que no parecen normales. La periodista Samantha Villar mostró en enero uno
de esos trayectos y denunció cuatro horas de retraso. Los maquinistas también
habían avisado de vibraciones en algunos tramos. No toda sacudida significa que
vaya a producirse un accidente, de acuerdo. Pero ¿quién comprueba las advertencias?
¿Qué se revisó y qué se arregló?
Y, por si alguien quiere
comparar, el accidente de Eschede, Alemania, causó 101 muertos en 1998. Adamuz
y Urda suman 115 en apenas diez meses. Eso no demuestra que España encabece un
ranking mundial de siniestralidad de alta velocidad; para afirmarlo habría que
comparar países y periodos con el mismo criterio. Pero sí es una comparación
suficientemente escalofriante. Y ocurre en un país al que se le ha llenado la boca
hablando de su magnífica alta velocidad.
El dinero y el mantenimiento
Hay una pregunta que debería resultar muy sencilla de responder: ¿en qué se ha gastado el dinero destinado al ferrocarril español?
No cuánto se ha anunciado. No cuánto se ha presupuestado. Cuánto se ha ejecutado realmente, en qué actuaciones y con qué resultados.
En 2019 el Gobierno aprobó 247 millones de euros en créditos para proyectos ferroviarios en Marruecos y Uzbekistán. Eran créditos reembolsables vinculados a la participación de empresas españolas, no donaciones. Conviene dejarlo claro. Pero también conviene preguntarse cuáles eran las prioridades de inversión y qué necesidades pendientes tenía entonces nuestra propia red ferroviaria.
Porque anunciar millones es fácil. Lo complicado es demostrar que han servido para mantener las infraestructuras en condiciones adecuadas.
Adif rechazó en julio financiar con fondos europeos una actuación de señalización de 21,5 millones de euros en la línea
Madrid-Sevilla porque, según la documentación citada, no había podido acreditar
adecuadamente su contribución al objetivo previsto. ¿Qué trabajos se
realizaron? ¿Qué se debía haber hecho? ¿Por qué seguimos necesitando tantas
explicaciones después del desastre? La información necesita todavía
documentación completa para determinar qué ocurrió con ese contrato; no
demuestra, por sí sola, que el dinero haya desaparecido. Al igual que las investigaciones en curso sobre Adif por parte de la Fiscalía Europea por posible uso fraudulento. Aunque las dudas son lícitas, y más teniendo en cuenta quién ha estado durante años al frente del Ministerio responsable y en qué se ha gastado el dinero.
La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas publicaron en marzo de 2026 un estudio sobre la inversión pública española. Entre sus conclusiones figura que la inversión neta ferroviaria en los últimos años fue negativa. Es decir, que la inversión no compensó la depreciación de las infraestructuras existentes. El deterioro del capital ferroviario acumulado está reconocido por los propios investigadores; no es una ocurrencia de una periodista.
El mantenimiento tiene un inconveniente político: no luce. Una soldadura revisada no inaugura un telediario. Un sistema de señalización actualizado no reúne a media docena de autoridades frente a una placa. Una vía inspeccionada no proporciona una fotografía para las redes sociales.
Pero puede evitar una tragedia.
Por eso quiero saber qué obras se aplazaron, qué advertencias se recibieron, qué deficiencias quedaron pendientes y quién debía comprobar que se habían subsanado. No me basta con que un ministro recite una relación de inversiones multimillonarias. Quiero saber qué se hizo y si funcionó.
Porque el dinero destinado al ferrocarril no se mide únicamente en millones anunciados. Se mide también en kilómetros conservados, sistemas que funcionan y viajeros que llegan vivos a casa.
Adif es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes. Las actuaciones sobre la red ferroviaria estatal son una responsabilidad que no puede diluirse en una sucesión de explicaciones técnicas incomprensibles para los viajeros.
Quienes subimos a un tren no tenemos por qué saber qué significa LZB, ni ASFA, ni ERTMS; cómo funciona una soldadura aluminotérmica o qué procedimiento debe seguirse cuando se interrumpe un sistema de señalización.
Para eso están los profesionales y los responsables del servicio. Para eso pagamos nuestros impuestos y nuestros billetes.
El viajero únicamente espera llegar a su destino.
Vivo, a ser posible.




























